Las mal llamadas terapias de conversión causan un daño irreparable en las personas. / Foto: Especial

Buscan castigo para quienes ejerzan las terapias de conversión, tratamientos forzosos que son abusivos, dañinos y poco éticos.

Imagina que un día sales del clóset o confiesas tu verdadera identidad de género a tu familia o a tus amigos. Imagina que, en lugar de aceptarte, piensan que eres víctima de un ‘espíritu maligno’ o que estás mal de la cabeza. Imagina que te convencen de que lo que sientes o crees que eres está mal y, por culpa, miedo y/o vergüenza, aceptas ir a un centro evangélico, una clínica o al consultorio de un ‘terapeuta’ para que te ‘curen’; para que te quiten lo gay, lo lesbiana, lo bi, lo trans…

Lamento decirte que esto sucede en casi todo el mundo. Las terapias de conversión, también conocidas como ECOSIG, están prohibidas en algunos países; sin embargo, ese no es el caso de México. Estas prácticas, catalogadas como «fraudulentas» por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), son abusivas, dañinas, ineficaces, perjudiciales y poco éticas, ya que «atentan contra la dignidad, salud física, emocional y desarrollo libre de la personalidad». NO PODEMOS CERRAR LOS OJOS: las terapias de conversión causan «dolor físico y mental de por vida» a los afectados, además de que violan «el derecho a la no tortura y otros castigos crueles, inhumanos y degradantes».

¿Quiénes realizan las terapias de conversión?

Hay de todo: clínicas de ‘deshomosexualización’, iglesias, instituciones académicas, pseudoprofesionales de la salud, pseudoterapeutas y centros de atención; todos ellos prometen lo mismo: modificar la orientación sexual o la identidad de género de los ‘enfermos’ o poseídos por un ‘espíritu maligno’. Sí: un ‘espíritu maligno’.

¿Qué ‘servicios’ ofrecen?

Los ‘servicios’ ofrecidos por las personas e instancias antes mencionadas incluyen tratos crueles, inhumanos y degradantes. Algunos de ellos son privación de la libertad, violaciones correctivas, tortura, rezos y pseudoexorcismos, obligar a los ‘enfermos’ a tomar medicamentos o someterse a procedimientos médicos relacionados a su sexualidad, así como electrochoques. Estas claras violaciones a los derechos humanos de las personas de la comunidad LGBT+ tienen consecuencias terribles: altas tasas de suicidio, depresión y autoflagelación, pues tienen un fuerte impacto en la salud mental y física de las víctimas.

Prisión, suspensión del ejercicio profesional, trabajo a favor de la comunidad y multas para quienes realicen terapias de conversión

El pasado jueves 4 de octubre sucedió algo sin precedentes en CDMX: las senadoras Citlalli Hernández (MORENA), Patricia Mercado (Movimiento Ciudadano) y Alejandra Lagunes (PVEM) presentaron una propuesta legislativa en el Senado de la República, que busca sancionar a quienes realicen o sometan a otras personas a Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG), ya sean terapias de conversión, consejerías u otro tipo de ‘tratamientos’.

Mira también: ¿Qué son los ECOSIG y por qué son tan peligrosos?

Durante la rueda de prensa, la senadora Citlalli Hernández explicó que la intención es adicionar un artículo al Código Penal Federal, y otro a la Ley General de Salud. Asimismo, detalló cuál sería el castigo para quienes practiquen las terapias de conversión, de ser aprobada esta iniciativa que busca evitar que más personas de la comunidad LGBT+ sean víctimas de charlatanes que prometen curar o eliminar la homosexualidad, algo que, de acuerdo con la ONU y otras instituciones nacionales e internacionales, no es posible, ya que no se puede corregir la orientación sexual o la identidad de género de un ser humano.

Se impondrá una sanción de uno a tres años de prisión, o 150 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad, o 200 días de multa, a quienes promuevan, impartan, apliquen, obliguen o financien cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica con o sin fines de lucro, con el objetivo de obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar, anular o modificar la orientación sexual.

En el caso de profesionales de salud, técnicos o auxiliares, la sanción sería «la suspensión del ejercicio profesional de quienes la practiquen de uno a tres años o, si se reitera la conducta, de manera definitiva», puntualizó Citlalli Hernández.

¿Y qué sanción habrá para los padres de familia, quienes en algunos casos son los que obligan a sus hijos a someterse a las terapias de conversión?

A pesar de estar al tanto de la tortura, los daños físicos y mentales, y hasta de las violaciones correctivas que suelen ocurrir en las terapias de conversión, algunos padres de familia creen que verdaderamente existen profesionales de la salud, terapias o exorcismos para quitar, corregir, cambiar o eliminar la orientación sexual o identidad de género de sus hijos. Quiero creer que esa es la razón por la que acceden a que sus hijos sean sometidos a una experiencia tan atroz: mera y pura ignorancia. Pero ¿sí serán sancionados? ¿Cuál sería el castigo para ellos?

«Sí, también, nada más que no lo mencioné porque es un tema que ha generado controversia. A través de una querella, ya con el cambio en el Código Penal, el juez puede determinar una sanción. Pero sí, claro», declaró Citlalli Hernández en entrevista exclusiva con Homosensual.

¡No más terapias de conversión! / Foto: Animal Político

Iván Tagle, director de la asociación civil Yaaj – Transformando tu vida, también estuvo en el Senado durante la presentación de esta iniciativa sin precedentes. En entrevista exclusiva con Homosensual, compartió por qué es tan delicado el tema de los padres de familia, ya que, en algunos casos, ellos también son víctimas.

Justo acá está el reto de la iniciativa. Por ejemplo, en un caso muy sonado en Estados Unidos, los papás privaron de la libertad y torturaron a un menor de edad; en otro caso, también en Estados Unidos, obligaron a un niño a tener relaciones sexuales con la novia del que era su papá para corregir su sexualidad. Ahí las personas que están ejerciendo este tipo de tratos crueles, inhumanos y degradantes son los propios padres. Sobre ello ya tendría que intervenir el Estado para configurar el delito, sea cual sea. Tendríamos que ir caso por caso para ir determinando cuáles son las sanciones correspondientes o los mecanismos a realizar, y sobre todo, lo que la víctima requiera o necesite.

Ahora bien, si los padres verdaderamente creen que un profesional de la salud puede ayudarlos a corregir la orientación sexual o identidad de género de sus hijos, ellos también estarían siendo víctimas de estos charlatanes.

Ahí también las víctimas están siendo los padres y madres porque alguien les está ofreciendo algo que, en términos de servicios, es como si te estuvieran vendiendo agua en lugar de quimioterapias para un cáncer; no tanto por compararlo con una enfermedad, pero vaya, viene siendo como una estafa. No podemos estar tampoco culpabilizando a los padres de todo porque el profesional de la salud está lucrando con el dolor y la desinformación de las familias. Aquí lo interesante será, una vez que se apruebe la iniciativa de ley, ver los mecanismos, estrategias y sentencias para que podamos perseguir el delito. Todavía hay mucho por caminar. Aunque se apruebe la ley falta un montón de trabajo, pero como asociación civil estamos esperanzados de que sí. Una vez que se apruebe, el trabajo arduo va a ser desde la sociedad civil para ir acompañando a las víctimas […] y ver una estrategia para poder configurar muy bien el litigio y que se cree una sentencia que sería precedente para que cualquier organización pueda tener una ruta a seguir en el futuro.

Según Iván Tagle, en México «es muy difícil configurar el delito desde lo penal y no existe ni un solo caso en el que una persona esté ya en la cárcel por configurar el delito de discriminación».

¿Qué estrategias realizarán, en caso de que se apruebe la ley?

El primero paso «sería meternos en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), que regula en términos de salud, publicidad y establecimientos este tipo de cosas para que sea más fácil modificar algunos estatutos sobre el tema una vez que se haya dictaminado la ley. La siguiente estrategia en la que ya estamos avanzando es coordinarnos con Naciones Unidas para crear protocolos de atención médica-psiquiátrica para profesionales de la salud con intervención en población LGBTI para que precisamente podamos ir capacitando a profesionales de la salud mental y no se repitan estas prácticas», concluyó el director de Yaaj (‘Amor’, en maya), asociación civil dedicada a proteger los derechos de las personas LGBT+.

Esperemos que esta iniciativa, construida con las voces de las víctimas, ponga fin a los ECOSIG. Es imperativo y urgente que haya leyes que protejan a las personas LGBT+; leyes que sancionen a ‘profesionales’ de la salud e instituciones que violentan los derechos de esta comunidad que durante tantos años ha luchado por algo que a todo ser humano se le debería garantizar: la libertad de vivir y ser quien es en santa paz.

Como dijo la senadora Patricia Mercado: «Hoy el valor es el valor de la tolerancia, el valor del respeto a la diferencia».

¡Que viva el amor y el respeto a la diversidad!

Con información de CONAPRED, Gaceta del Senado y Milenio.